¿Qué es el silencio administrativo?
El silencio administrativo es un mecanismo jurídico por el cual la falta de resolución dentro del plazo legalmente establecido se equipara a un acto administrativo:
- bien de estimación de la solicitud;
- bien de desestimación.
En la mayoría de los procedimientos de extranjería, el plazo tras el cual se entiende que el expediente ha entrado en situación de silencio administrativo es de 3 meses desde la fecha de registro de la solicitud.
Silencio administrativo positivo
El silencio administrativo positivo significa que, si la Administración no responde dentro del plazo establecido, la solicitud se considera automáticamente estimada.
¿Cuándo se aplica?
En materia de extranjería en España, la ausencia de respuesta transcurridos 3 meses puede entenderse como favorable, por ejemplo, en solicitudes como:
- tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE;
- autorización de residencia para búsqueda de empleo;
- residencia de larga duración o permanente;
- determinadas prórrogas y renovaciones de autorizaciones de residencia.
Importante: El silencio positivo no siempre implica la emisión automática del documento físico. En muchos casos es necesario solicitar un certificado acreditativo del silencio administrativo positivo para completar el procedimiento.
Silencio administrativo negativo
Es la situación contraria: si la Administración no responde en el plazo previsto, la solicitud se considera automáticamente desestimada.
Este tipo de silencio es más frecuente en la práctica de extranjería y significa que la solicitud no ha obtenido resolución favorable dentro del plazo legal, por lo que formalmente se entiende denegada.
No obstante, no se trata necesariamente de una denegación definitiva. El interesado puede:
- esperar la resolución expresa (la Administración sigue obligada a dictarla);
- interponer recurso administrativo;
- iniciar un recurso contencioso-administrativo, si procede.
¿Desde cuándo comienza el cómputo del plazo?
El plazo para que opere el silencio administrativo comienza a contarse desde el día siguiente al de la presentación y registro oficial de la solicitud ante el órgano competente.
