¿En qué casos España puede entregar a una persona a otro Estado o, por el contrario, negar su extradición?
En España, la extradición está regulada por la Ley 4/1985, de Extradición Pasiva, y por los tratados internacionales suscritos por el Estado español.
La decisión corresponde a la Audiencia Nacional, tras un procedimiento judicial, y la resolución final la adopta el Consejo de Ministros.
Principios fundamentales:
- La extradición solo procede si el delito está tipificado tanto en España como en el país requirente (principio de doble incriminación).
- No se concede extradición por delitos políticos, militares o religiosos, ni cuando exista riesgo de persecución, tortura o violación de los derechos humanos.
- Si la persona colabora con la justicia de su país (por ejemplo, participando en vistas judiciales por videoconferencia), ello puede ser un motivo para denegar la extradición.
Dentro de la UE se aplica la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), una forma simplificada de extradición. El procedimiento es rápido — puede resolverse en un plazo de hasta 60 días. Las decisiones son adoptadas directamente por los tribunales, sin intervención del Gobierno.
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