Problema
Los clientes acudieron a nosotros con la intención de adquirir propiedades en España. Contactaron con una persona que se hacía pasar por una agencia inmobiliaria.
Para acceder a los inmuebles y realizar las visitas, los acusados se comunicaban previamente con los brokers autorizados, informando sobre clientes potenciales. Cuando los brokers establecían la fecha y hora de la visita, esta información se transmitía a los clientes, quienes asistían bajo la apariencia de clientes legítimos.
Los clientes realizaron pagos anticipados, sin embargo, tras el último importe acordado, el acusado comenzó a dilatar injustificadamente el cumplimiento del acuerdo. Como resultado, los clientes no recibieron ni la propiedad (que, según documentos, fue vendida a otras personas) ni la devolución del dinero depositado. El importe total ascendía a unos cientos de miles de euros.
Solución
Nuestro abogado actuó de manera escalonada para proteger a los clientes y recuperar los fondos:
- Envío de buro-fax (comunicación oficial con acuse de recibo) solicitando la devolución de las cantidades ingresadas.
- Tras no recibir respuesta, se preparó una querella criminal conjunta (denuncia penal ante el tribunal contra los sospechosos de fraude) de todos los afectados.
También se presentó una solicitud de embargo de cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y otros activos de los acusados para garantizar el importe adeudado.
Conclusión
Las acciones del abogado permitieron proteger los intereses de los clientes, asegurar la recuperación de los fondos y minimizar el riesgo de pérdida de bienes por parte de los acusados. El embargo preventivo de los activos garantiza que, en caso de fallo favorable, los fondos puedan ser recuperados.
